Madeleine, de 69 años y enferma de Esclerosis Lateral Amiotrófica (una grave enfermedad que debilita los músculos y paraliza el cuerpo progresivamente), se puso un pijama cómodo de algodón y se sentó en la cama. Cogió un vaso en el que previamente había mezclado helado con un polvo verdoso y, tras mirarlo con cautela, rebaño el contenido con una mueca de asco. «Quiero dejar de no vivir. Esto no es vida», repetía al arroparse. Ya tumbada, con la lengua torpe, pronunció sus últimas palabras: «estoy en una nube… pero contenta… me voy a dejar ir despacito…». En seguida, comenzó a roncar suavemente. Ya nunca volvería a despertarse.
Hacía tiempo que Madeleine había decidido quitarse la vida. Tenía miedo de quedarse totalmente inválida y suponer una carga para su único hijo. El problema era que, en España, no existe una vía legal de hacerlo. Pero, si Madeleine hubiese vivido en los Países Bajos en vez de en nuestro país, esta historia podría haber tenido un final diferente. En lugar de tener que auto practicarse la eutanasia en su domicilio, con la única ayuda de dos voluntarios de la asociación Derecho a Vivir Dignamente que le acompañaron durante el proceso, podría haber contado con la atención de un médico para que llevase a cabo un suicidio asistido con todas las garantías legales.
En 2002, Holanda se convirtió en el primer país del mundo que permitía por ley la eutanasia. El parlamento aprobó entonces una norma que recoge la ayuda a morir dignamente como opción legal para los pacientes terminales, sin que ello convierta a los médicos que la aplican en criminales. La medida entró en vigor con un 85% de la población holandesa a favor de esta práctica, según las encuestas. Sin embargo, aunque cerca de la mitad de los médicos de cabecera holandeses admite haber llevado a cabo un suicidio asistido alguna vez, no todos están dispuestos a ello. La ley tampoco les obliga.
Algunos doctores se oponen por cuestiones religiosas o ideológicas pero, según señalan desde la Asociación para la Muerte Voluntaria de Holanda, muchos rechazan las peticiones que reciben por temor a ser sancionados. Y es que, a pesar de que la norma ampara al médico, se establece una pena de cárcel de hasta 12 años si la ayuda al suicidio llegara a ser considerada ilegal por los tribunales. Para ajustarse a la legalidad y evitar ser demandados, los médicos deben consultar a un colega siempre que reciban una petición de un paciente que quiera poner fin a su vida. Además, deben haber llegado al convencimiento, junto con el enfermo terminal, de que en la situación en que se encuentra no existe otra solución razonable.
Pese a todo, durante los diez años en los que la eutanasia ha sido legal en este país, ningún facultativo holandés ha sido imputado por haber infringido la ley en este sentido. Para atender los casos más delicados, aquellos que los médicos de cabecera del paciente se han negado a tratar, el pasado 1 de marzo abría la primera clínica del país que practica el suicidio asistido a domicilio. Con menos de un año de vida, los médicos de esta asociación ya han ayudado a morir a 51 personas. El servicio, gratuito y reservado para ciudadanos holandeses, incluye el desplazamiento de uno de los 15 equipos móviles de los que disponen para atender al enfermo en su propia casa.
En los nueve meses que lleva en funcionamiento ya se han recibido 456 solicitudes. Muchas son rechazadas porque no se ajustan a los criterios legales. La ley establece que el paciente debe estar lúcido y seguro al pedir la eutanasia. Además, su enfermedad deberá ser mortal y su sufrimiento insoportable. Es solo entonces, cuando entra en acción uno de los equipos móviles de la clínica, que investiga la petición de eutanasia del paciente y se asegura de los motivos que han llevado al médico a no practicarla. Si los profesionales de la clínica están convencidos de que los criterios del tratamiento se adecuan a la ley, llevan a cabo la eutanasia por sus propios medios.
«Aunque la ley ofrece margen a los médicos de cabecera para practicar el suicidio asistido, normalmente solo la aplican en casos muy concretos, en los más claros», explicaba Petra de Jong, directora de la clínica, en una rueda de prensa reciente. «Es precisamente ahí donde entra en juego la importancia de contar con médicos y enfermeras especializados, para que puedan asistir a los pacientes que lo requieran, siempre dentro de la legalidad», explican desde la Asociación para la Muerte Voluntaria.
La clínica, que cuenta con más de 140.000 socios, tiene su sede en Ámsterdam, donde alrededor de 20 profesionales se encargan de planificar y coordinar sus actividades. Además, tienen un total de 145 voluntarios repartidos por toda Holanda que también trabajan para la asociación. No reciben fondos gubernamentales: se financian con las cuotas anuales que aportan sus socios. A la larga, sin embargo, esperan que las aseguradoras puedan sufragar los gastos de sus servicios. Por el momento, solo la empresa Menzis, con dos millones de clientes, incluye en sus pólizas este tipo de asistencia.
Además de en Holanda, dónde existe amplio consenso respecto a esta práctica, la eutanasia también se practica de forma legal en Bélgica desde 2002 y en Luxemburgo, que la aprobó en 2009. Poco más tarde llegaron Suiza y los Estados de Montana, Washington y Oregón de los Estados Unidos, donde también está permitida y se practica con garantías. Sin embargo, el caso de Holanda es peculiar. En los Países Bajos, la ley incluye dos apartados especiales dedicados a los menores de edad y a las personas incapacitadas para hablar con el médico.
En el caso de los adolescentes de entre los 12 y los 16 años, sólo el consentimiento de los padres permite que se les practique la eutanasia. Los jóvenes menores de edad de 16 o 17 años, en cambio, podrán tomar la decisión de morir dignamente por sí mismos, aunque la opinión de sus padres será tenida en cuenta. Por otro lado, los pacientes con demencia o con problemas mentales son más difíciles de evaluar. De hecho, en los últimos años se han producido algunos casos polémicos con este tipo de enfermos.
“En los casos de demencia, los médicos suelen pedir cuando es posible, y antes de que sea tarde, una última declaración de voluntad al paciente, aunque la ley solamente estipula que exista una declaración escrita de la persona mientras todavía esté lúcida”, explico en rueda de prensa Petra de Jong, directora de la clínica.
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